El presidente Daniel Noboa dispuso un nuevo estado de excepción en varias zonas del país mediante el Decreto Ejecutivo 353, argumentando una situación de grave conmoción interna vinculada a la inseguridad. La medida abarca nueve provincias, entre ellas Guayas, Pichincha y Manabí, además de varios cantones específicos, y tendrá una vigencia de 60 días. Con esta decisión, el Gobierno busca reforzar el control territorial frente a la actividad de grupos delictivos que operan en distintos puntos del Ecuador.
El decreto contempla la suspensión de derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, lo que permitirá a las autoridades realizar allanamientos sin orden judicial en casos donde existan indicios de actividades ilícitas. Asimismo, se habilita la recopilación de información en situaciones específicas, siempre bajo criterios de necesidad y proporcionalidad. Según el documento oficial, estas acciones deberán ejecutarse respetando el debido proceso y limitándose exclusivamente a los fines de la declaratoria.
Además, el Ejecutivo ordenó la intervención conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para fortalecer las operaciones de seguridad y mantener el orden público en las zonas intervenidas. Entre las disposiciones también se incluye la posibilidad de requisar bienes y servicios en circunstancias excepcionales para garantizar la operatividad de las fuerzas del orden. Esta nueva declaratoria se suma a otras medidas adoptadas por el Gobierno en su estrategia para enfrentar la crisis de seguridad que atraviesa el país.
