La Fenocin encendió el debate político al denunciar públicamente una supuesta intervención del Gobierno de Daniel Noboa en su estructura organizativa. A través de un comunicado, la organización aseguró que se estaría intentando desconocer a su dirigencia mediante decisiones administrativas que, según afirman, carecen de sustento legal. El señalamiento surge tras la emisión de un informe técnico por parte de una entidad estatal que habría puesto en duda la validez del registro de su Consejo Ejecutivo.
Según la organización, esta acción afectaría directamente sus derechos colectivos, especialmente aquellos relacionados con la autonomía y la autodeterminación de los pueblos y nacionalidades. La Fenocin sostiene que el intento de archivar el registro de su directiva constituye una medida que debilita su funcionamiento interno y genera incertidumbre entre sus bases. Además, calificó el hecho como una estrategia que podría provocar divisiones dentro del movimiento social, en un momento político sensible para el país.
En respuesta, la organización anunció que impulsará acciones legales y constitucionales para revertir la decisión, así como denuncias ante instancias internacionales de derechos humanos. También adelantó la posibilidad de convocar a movilizaciones a nivel nacional como forma de rechazo, aunque sin precisar fechas. Este episodio se produce en medio de un contexto de tensión política, en el que sectores sociales han planteado iniciativas como la revocatoria de mandato, lo que podría profundizar el conflicto entre organizaciones sociales y el Ejecutivo.
