El Parlamento de Israel aprobó una controvertida ley que establece la pena de muerte como sanción principal para personas palestinas condenadas por ataques mortales catalogados como terrorismo. La normativa fue respaldada por mayoría en la Knéset, con 62 votos a favor y 48 en contra, y contó con el apoyo del primer ministro Benjamin Netanyahu. El proyecto, impulsado por sectores de línea dura del gobierno, plantea que las ejecuciones se realicen en un plazo máximo de 90 días tras la sentencia.
La medida ha generado un fuerte debate tanto a nivel interno como internacional. Mientras sus promotores sostienen que busca frenar la violencia y evitar que personas condenadas vuelvan a cometer delitos tras posibles liberaciones, sectores de oposición y organizaciones de derechos humanos advierten que la ley podría ser discriminatoria y no contribuiría a mejorar la seguridad. Además, señalan que en la práctica la aplicación de la norma recaería principalmente sobre ciudadanos palestinos, lo que ha incrementado las críticas hacia el enfoque del proyecto.
La comunidad internacional también ha reaccionado con preocupación. Varios países europeos han advertido que esta legislación podría afectar los principios democráticos y el respeto a los derechos humanos. Por su parte, la Autoridad Palestina y grupos en Gaza rechazaron la decisión, calificándola como una amenaza para los detenidos. En paralelo, organizaciones civiles ya han presentado recursos ante el Tribunal Supremo israelí, que deberá analizar la legalidad y constitucionalidad de la norma en los próximos días.
