La viceprefecta de la provincia del Azuay, Alexandra Quintanilla, se encuentra en el centro de una controversia tras ser detenida durante un operativo de control vehicular realizado en la ciudad de Cuenca. El procedimiento ocurrió la madrugada del 28 de febrero en el sector de Todos los Santos y Paseo 3 de Noviembre, donde agentes de la Empresa Pública de Movilidad, Tránsito y Transporte (EMOV) ejecutaban revisiones de rutina a conductores. De acuerdo con reportes preliminares, la funcionaria fue interceptada mientras se movilizaba en un vehículo particular y presentaba indicios de conducir bajo los efectos del alcohol, situación que motivó su retención por parte de las autoridades.
Durante el procedimiento, Quintanilla habría manifestado problemas de salud que le impidieron completar la prueba de alcoholemia en el lugar, por lo que fue trasladada a una casa de salud para realizar una valoración médica. Sin embargo, el caso avanzó hacia la vía judicial luego de que se determinaran elementos suficientes para iniciar un proceso por conducir en presunto estado de embriaguez y por su vinculación con un incidente de tránsito. Tras la audiencia correspondiente, la jueza Ximena Alvarado resolvió imponer una sanción de 30 días de prisión para la viceprefecta, además de una multa económica de 1.446 dólares.
El prefecto del Azuay, Juan Cristóbal Lloret, quien fue electo junto a Quintanilla en 2023 por el movimiento Revolución Ciudadana, se pronunció sobre el caso y señaló que se trata de un hecho de carácter personal que deberá ser tratado conforme a la ley. El funcionario enfatizó que no existirá ningún tipo de privilegio por tratarse de una autoridad provincial y que la normativa debe aplicarse de la misma manera para todos los ciudadanos. Mientras tanto, la sanción impuesta deberá cumplirse en el Centro de Detención de Infractores de Tránsito administrado por la EMOV, en medio de un caso que ha generado amplio debate en la opinión pública local.
