El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, manifestó públicamente su respaldo al juez anticorrupción Jairo García Mosquera, quien habría recibido amenazas en el contexto del denominado caso Goleada, un proceso judicial de alto perfil que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y a varios de sus familiares y colaboradores. A través de un pronunciamiento oficial, el mandatario dispuso que el Ministerio del Interior realice un análisis de riesgo integral y adopte las medidas de seguridad necesarias para garantizar que el magistrado pueda continuar actuando con independencia, sin presiones externas y en estricto apego a la ley. La postura presidencial se enmarca en un discurso reiterado del Gobierno sobre la necesidad de blindar a los operadores de justicia frente a posibles amenazas derivadas de investigaciones relacionadas con presunta delincuencia organizada.
La reacción del Ejecutivo se produjo luego de que el Consejo de la Judicatura informara la activación de protocolos de protección el 26 de febrero de 2026, tras conocer alertas sobre riesgos contra el juez ponente del proceso. El organismo anunció que solicitó refuerzo de seguridad al Ministerio del Interior y autorizó que el magistrado cumpla sus funciones bajo modalidad de teletrabajo al 100 %, como mecanismo preventivo para salvaguardar su integridad y la de su familia. En su comunicado, la Judicatura reafirmó su compromiso con la continuidad del proceso judicial y con la defensa de la independencia de los jueces, subrayando que el seguimiento del caso será permanente debido a su sensibilidad institucional y mediática.
El caso Goleada investiga presuntos delitos de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria, cargos que han generado amplio debate público y seguimiento de distintos sectores políticos y sociales. Este episodio se suma a antecedentes recientes de intimidaciones contra jueces en el país, como el caso del magistrado Carlos Serrano, que derivó incluso en un juicio político y la posterior destitución del entonces presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. En ese contexto, el respaldo de Noboa al juez García Mosquera refuerza la postura estatal de protección a los operadores judiciales y evidencia la creciente tensión en torno a procesos penales de alto impacto, donde la seguridad y la independencia de la justicia se han convertido en un eje central del debate nacional.
