En redes sociales y mensajes virales se difundió una presunta denuncia atribuida al juez anticorrupción Jairo García, en la que se afirmaba que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, lo habría amenazado durante una audiencia de habeas corpus en la que se buscaba revocar su prisión preventiva en el marco del caso Goleada. Esa publicación que circuló ampliamente en plataformas como X y otras cuentas aseguraba que el operador de justicia había recibido presiones verbales por parte del burgomaestre, generando preocupación en algunos sectores del sistema judicial ecuatoriano.
La defensa de Aquiles Álvarez rechazó de forma categórica esas acusaciones, calificándolas de completamente falsas y sin sustento en hechos reales. Su abogado, Ramiro García, explicó en redes que no solo no existió ninguna amenaza formal, sino que Álvarez ni siquiera asistió a una audiencia de habeas corpus que pudiera dar lugar a esa situación, insistiendo en que cuentan con grabaciones de audio y video que demostrarían que el trato fue respetuoso y que no ocurrió ninguna intimidación al juez. Además, fuentes judiciales señalan que la audiencia prevista fue desinstalada debido a que la defensa desistió de la acción, por lo que no hubo oportunidad para que tal episodio sucediera.
Pese a la falta de evidencia concreta, el Consejo de la Judicatura tomó medidas de protección hacia el juez Jairo García, como solicitar al Ministerio del Interior mayor seguridad y autorizar al magistrado a trabajar en modalidad de teletrabajo. Esta decisión se produjo tras la difusión de la denuncia en redes sociales y rumores que alcanzaron visibilidad, aunque medios como Expreso han verificado que no hay registros oficiales ni constancias en el expediente que respalden amenazas de parte de Álvarez. El caso ocurre en medio de la investigación del caso Goleada, donde el alcalde y otras personas están procesados por delitos como delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria, un proceso que ha tenido amplia cobertura mediática en Ecuador.
