La organización política Revolución Ciudadana (RC) solicitó públicamente la liberación del exvicepresidente Jorge Glas y del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, al considerar que ambos enfrentan procesos judiciales que califican como arbitrarios. El pronunciamiento se dio el 21 de febrero de 2026, tras su participación en un Foro de Diálogo Interpartidario, donde representantes del movimiento insistieron en que existen irregularidades en las actuaciones judiciales y que, a su criterio, se estaría utilizando el sistema penal con fines políticos. Jorge Glas cumple condenas por los casos Odebrecht y Sobornos 2012-2016, además de enfrentar otros procesos relacionados con la reconstrucción de Manabí, mientras que Álvarez atraviesa una investigación fiscal en curso que ha generado amplio debate en el escenario nacional.
En el mismo comunicado, la RC exigió la renuncia de los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), argumentando que estas instituciones no estarían garantizando neutralidad ni transparencia en el actual contexto político. El pedido se produce en medio del inicio del período electoral rumbo a las elecciones seccionales de 2027, declarado oficialmente por el CNE, lo que ha intensificado las tensiones entre el oficialismo y la oposición. Analistas políticos consultados en distintos medios nacionales señalan que el clima preelectoral ya empieza a marcar la agenda pública, con cuestionamientos cruzados sobre la independencia de las funciones del Estado.
La Revolución Ciudadana también manifestó su respaldo a la instalación de un diálogo nacional amplio que permita enfrentar problemas estructurales como la inseguridad, la crisis en el sistema de salud y el desempleo. Sin embargo, paralelamente endureció su discurso contra el presidente Daniel Noboa, a quien acusó de conducir un gobierno autoritario y distante de las necesidades ciudadanas. En el actual escenario político, marcado por reformas legales recientes, disputas institucionales y procesos judiciales de alto perfil, el debate sobre la separación de poderes y el uso de la justicia continúa ocupando un lugar central en la discusión pública del país.
