La viceprefecta de Imbabura, Paolina Vercoutere, acudió este jueves a la Asamblea Nacional del Ecuador para solicitar formalmente a los legisladores de la provincia que respalden el archivo del Proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), actualmente en segundo debate. La autoridad provincial advirtió que la reforma, que plantea nuevas reglas sobre la asignación y uso de los recursos de los gobiernos autónomos descentralizados, podría reducir el margen de acción de las prefecturas en materia social. Según ha trascendido en el debate legislativo y en análisis difundidos por distintos medios nacionales, la iniciativa busca priorizar la inversión en obra pública y limitar el gasto corriente, una medida que para sus impulsores apunta a mejorar la eficiencia del gasto, pero que para varios gobiernos locales implicaría restricciones en programas sociales que no se enmarcan directamente en infraestructura.
Vercoutere, quien lidera el eje social de la Prefectura a través del programa Warmi Imbabura, sostuvo que la discusión no puede reducirse a un asunto administrativo, pues tendría consecuencias directas sobre población vulnerable en los seis cantones de la provincia. Explicó que, de aprobarse el proyecto en los términos actuales, podrían verse afectados servicios como brigadas médicas comunitarias, acompañamiento psicológico y jurídico a víctimas de violencia, programas de prevención de la desnutrición infantil, actividades para adultos mayores y espacios de formación y autonomía económica para mujeres. De acuerdo con cifras oficiales de la Prefectura, en 2025 los Centros Warmi registraron más de 4.700 atenciones, mientras que el componente de salud “Hampi Imbabura” superó las 9.000 asistencias y se distribuyeron más de 450.000 raciones alimenticias en 24 parroquias rurales, datos que la viceprefecta presentó como evidencia del alcance territorial de la inversión social.
La viceprefecta llegó al Legislativo acompañada por parte del equipo técnico que sostiene estos servicios, entre médicos, odontólogas, psicólogas, fisioterapeutas, nutricionistas, parteras y personal de enfermería, cuya estabilidad laboral según señaló podría quedar en incertidumbre si se limitan los recursos destinados al área social. En un contexto nacional donde también otras autoridades seccionales han expresado reparos a la reforma por considerar que afecta la autonomía territorial, Vercoutere hizo un llamado a los asambleístas imbabureños a analizar el impacto real de la normativa antes de la votación definitiva. “Defender el eje social es defender derechos”, insistió, al recalcar que miles de familias dependen de estos servicios y que el debate sobre el COOTAD debe equilibrar la sostenibilidad fiscal con la garantía de atención a grupos prioritarios.
