Los operadores mineros legales de la provincia de Napo anunciaron la organización de una movilización masiva hacia Quito, denominada “Toma de Quito”, para el próximo lunes 23 de febrero, tras la suspensión de actividades mineras decretada en esa región amazónica. La decisión fue tomada durante una asamblea de trabajadores y dirigentes, quienes afirmaron que la paralización de la minería legal afecta gravemente a la economía local y al empleo de cientos de familias que dependen directamente de esta actividad. En un pronunciamiento público, dirigentes como Guillermo Godoy, presidente de la Cámara de la Pequeña Minería del Ecuador, señalaron que la movilización busca presionar al Gobierno para que se abra un espacio de diálogo, derogue la medida y permita la reactivación de la minería bajo estrictos controles ambientales y normas vigentes.
Los mineros han argumentado que la minería legal, aunque regulada, es una fuente clave de ingresos y oportunidades en zonas rurales donde las alternativas de empleo son limitadas. Según líderes del sector, muchas comunidades dependen de este rubro para su sustento diario, por lo que el cese de labores representa un golpe económico directo a familias enteras. En declaraciones difundidas por varios medios, Godoy enfatizó que “el pueblo, solo el pueblo, salva al pueblo”, y aseguró que los movimientos comunales y organizaciones mineras están coordinando esfuerzos para asegurar una masiva presencia en Quito. Además, se espera que una comisión de representantes de los mineros sea recibida por la Ministra de Energía y Ambiente para establecer una mesa de trabajo que aborde las demandas del sector.
Sin embargo, la convocatoria no ha estado exenta de polémica. Diversas organizaciones ambientalistas y colectivos ciudadanos han expresado su preocupación por los impactos que la minería, incluso la denominada “legal”, puede generar en la Amazonía ecuatoriana, una de las regiones de mayor biodiversidad del planeta. Según informes de organizaciones como The Nature Conservancy y otros medios ambientales, la minería puede contribuir a la deforestación, contaminación de cursos de agua y alteración de ecosistemas sensibles si no se aplica un riguroso control ambiental. Esta tensión entre la necesidad de generar empleo y el imperativo de proteger el medio ambiente ha generado un debate profundo en la sociedad ecuatoriana, que ahora se trasladará a la capital durante la marcha programada para el lunes 23 de febrero. El Gobierno nacional aún no ha emitido una respuesta oficial a la convocatoria, pero se espera que en los próximos días se pronuncie para intentar mediar la situación antes de que se intensifiquen las protestas.
