El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reafirmó el 19 de julio de 2026 que su país no volverá a celebrar elecciones generales, en un acto realizado en Managua con motivo del 47° aniversario de la revolución sandinista. Ortega justificó su postura asegurando que la medida busca impedir que los opositores, muchos de ellos en el exilio, accedan al poder. Estas declaraciones generaron una fuerte reacción de líderes opositores como Juan Sebastián Chamorro, quien calificó el anuncio como un paso más hacia un régimen de partido único en Nicaragua. En los últimos meses, Ortega había sido visto en actos públicos con dificultad para caminar, hecho que alimenta especulaciones sobre su salud y su capacidad para gobernar a largo plazo.
Desde su regreso al poder en 2007, Ortega y su esposa Rosario Murillo han consolidado un control absoluto sobre el Estado nicaragüense, ampliando su mandato y neutralizando a los opositores mediante encarcelamientos, exilios y confiscación de bienes. La reforma constitucional de febrero de 2025 otorgó aún más poder a la pareja presidencial y debilitó la independencia de los poderes del Estado, limitando la posibilidad de procesos democráticos que contrarresten su influencia. Opositores aseguran que Murillo realiza una purga interna en todas las instituciones del Estado ante un eventual fallecimiento de Ortega, quien sufre lupus e insuficiencia renal, lo que refuerza la concentración de poder dentro de la familia presidencial.
Pese a la represión interna, movimientos opositores que se encuentran fuera del país han expresado su esperanza de que la presión internacional permita restablecer elecciones libres y transparentes. Ortega y Murillo continúan acusando a la oposición de “traición a la patria” y de intentar dar un golpe de Estado, como ocurrió durante las masivas protestas de 2018, mientras responsabilizan a organismos internacionales de ser “injerencistas” y difundir información falsa sobre violaciones de derechos humanos. Ortega, exguerrillero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que derrocó en 1979 a la dictadura Somoza, continúa gobernando Nicaragua con un poder consolidado, mientras la comunidad internacional y los opositores observan con preocupación la situación política del país.
