Un fallo judicial ha marcado un punto de inflexión en la organización del transporte en el cantón Cayambe, luego de que un juez constitucional determinara que existió vulneración de derechos debido a la falta de control sobre las unidades interprovinciales. La resolución responde a una acción presentada por transportistas locales, quienes denunciaron irregularidades en la operación de buses que recogían y dejaban pasajeros fuera de los puntos autorizados, generando desorden y afectaciones a la competencia en la ciudad.
Como parte de la sentencia, se dispuso la implementación de medidas obligatorias para regular la movilidad, entre ellas el sellado de puertas en los buses interprovinciales durante su paso por el cantón, con el fin de evitar paradas informales. Además, se estableció que los controles deberán realizarse desde el terminal terrestre y en el perímetro urbano, otorgando un plazo de 30 días para iniciar la ejecución de estas acciones. Asimismo, el Municipio deberá emitir una ordenanza en un máximo de 180 días que regule de forma definitiva el sistema de transporte en la zona.
La decisión busca mejorar la seguridad vial, garantizar condiciones equitativas para los transportistas locales y ordenar el flujo de pasajeros dentro del cantón. Sin embargo, el proceso aún continúa, ya que autoridades municipales y actores vinculados al sistema de transporte han presentado recursos de apelación. Será la instancia provincial la encargada de definir el desenlace de este caso que ha generado debate sobre la gestión del transporte y la movilidad en Cayambe.
