El presidente Daniel Noboa avanzó en su propuesta de reforma institucional al enviar al Consejo Nacional Electoral el texto definitivo de una enmienda constitucional que busca modificar la forma en que se designan las principales autoridades del país. La iniciativa plantea retirar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la facultad de nombrar funcionarios clave, trasladando esa responsabilidad a la Asamblea Nacional. Este paso se da luego de que la Corte Constitucional validara que la propuesta puede ser sometida a consulta popular mediante referéndum.
El proyecto se fundamenta en cuestionamientos al funcionamiento del CPCCS, especialmente en lo relacionado con su rol en la lucha contra la corrupción y la promoción de la participación ciudadana. Según el planteamiento del Ejecutivo, la institución ha concentrado gran parte de sus recursos en gastos administrativos, mientras que su impacto en control social y transparencia ha sido limitado. Además, se critica que la designación de autoridades dependa de decisiones de pocos consejeros, lo que podría afectar la independencia y eficiencia de los procesos.
La reforma propone un nuevo modelo de designación que incluya mayor participación ciudadana, criterios técnicos y la intervención de distintas funciones del Estado para garantizar transparencia y meritocracia. La Asamblea asumiría un rol central en estos procesos, mediante mecanismos que contemplan postulaciones abiertas, evaluación técnica y control público. Con el envío de la propuesta al CNE, el siguiente paso será la eventual convocatoria a un referéndum, donde la ciudadanía decidirá si se implementa este cambio que podría transformar de forma significativa la estructura institucional del Ecuador.
