La investigación conocida como caso Goleada volvió a tomar fuerza este 13 de marzo durante una diligencia judicial realizada en Quito, donde la Fiscalía presentó nuevos elementos relacionados con una presunta red dedicada al lavado de activos vinculada al desvío y comercialización irregular de combustibles subsidiados. La audiencia, que se desarrolló de manera reservada por disposición del tribunal, revisó la apelación a la prisión preventiva que pesa sobre el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, así como sobre otros implicados dentro del proceso. El funcionario participó en la diligencia de forma telemática desde el centro penitenciario de máxima seguridad conocido como La Roca, ubicado en la provincia de Santa Elena, donde permanece recluido mientras avanzan las investigaciones.
Durante la exposición del caso, la Fiscalía explicó ante los jueces el supuesto esquema que habría operado para desviar combustible subsidiado destinado al mercado interno. Según la hipótesis del Ministerio Público, parte de ese combustible habría sido redirigido hacia embarcaciones extranjeras y vendido a precios internacionales, lo que habría generado importantes ganancias económicas que ahora son investigadas por presunto lavado de activos. Para ejecutar estas operaciones, la red habría utilizado varias empresas vinculadas entre sí, que funcionarían como centros de almacenamiento y distribución del combustible. Las autoridades también señalaron que la estructura empresarial incluía un sistema de compañías agrupadas bajo un mismo control administrativo, lo que habría permitido mover recursos a través de inversiones, ampliaciones de capital y la creación de nuevos negocios relacionados con el sector energético.
Otro aspecto que llamó la atención dentro del proceso es la mención de posibles movimientos financieros relacionados con Barcelona Sporting Club, institución deportiva con la que Aquiles Álvarez ha tenido vínculos dirigenciales en el pasado. De acuerdo con la investigación fiscal, cerca de dos millones de dólares habrían ingresado al club bajo la figura de préstamos provenientes de empresas investigadas, recursos que presuntamente tendrían origen en las ganancias generadas por la comercialización irregular de combustible. Mientras tanto, la defensa del alcalde ha denunciado supuestas condiciones restrictivas en su permanencia dentro del centro penitenciario, afirmando que permanece en aislamiento; sin embargo, autoridades del Gobierno han rechazado estas afirmaciones y sostienen que el tratamiento que recibe el detenido responde a los protocolos establecidos en el sistema carcelario. La Fiscalía estima que el presunto esquema investigado habría ocasionado un perjuicio económico al Estado que superaría los 61 millones de dólares.
