Ecuador decidió intensificar las medidas comerciales contra Colombia en medio de la creciente tensión bilateral. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones anunció que la denominada “tasa de seguridad” aplicada a las importaciones colombianas subirá del 30% al 50% a partir del 1 de marzo de 2026. El Gobierno justificó la decisión señalando que no se han evidenciado avances suficientes en materia de control y seguridad fronteriza por parte del país vecino, especialmente en lo relacionado con la lucha contra el narcotráfico en la zona limítrofe norte. Según el Ejecutivo, la medida responde a criterios de seguridad nacional y busca presionar por acciones conjuntas más efectivas.
El anuncio se produce pocos días después de que Colombia oficializara un arancel del 30% a productos ecuatorianos y estableciera restricciones al ingreso terrestre de varias mercancías, entre ellas alimentos como arroz, plátano, orito y papa, a través de los pasos fronterizos de Ipiales y Puerto Asís. Estas disposiciones fueron adoptadas mediante el Decreto 0170 de 2026, en el que el Gobierno colombiano argumenta razones de política comercial y seguridad, apoyándose en normas del Acuerdo de Cartagena y del GATT de 1994. Con este escenario, la relación comercial entre ambos países atraviesa uno de sus momentos más tensos en los últimos años, afectando intercambios que históricamente han sido clave dentro de la Comunidad Andina (CAN).
Mientras tanto, sectores empresariales de ambos lados de la frontera han expresado preocupación por el impacto económico de esta escalada arancelaria. El Comité Empresarial Ecuatoriano pidió una pronta solución dialogada para evitar mayores afectaciones a productores, exportadores y consumidores. Por su parte, la Cancillería ecuatoriana ha señalado que, pese al endurecimiento de las medidas, el diálogo diplomático se mantiene abierto, aunque sin una fecha clara para resolver la controversia. Analistas económicos advierten que, de prolongarse la disputa, podrían verse comprometidas cadenas de suministro, empleo en zonas fronterizas y el comercio intrarregional, en un contexto ya marcado por desafíos de seguridad y desaceleración económica.
