La Universidad Central del Ecuador (UCE) confirmó la detección de alteraciones en calificaciones de estudiantes de la Carrera de Medicina, tras una sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas UCE realizada el 16 de enero de 2026. El hallazgo se produjo luego de un informe técnico del Departamento de Tecnologías de la Información, que identificó irregularidades en asignaturas como Patología, Histología, Embriología y Bioquímica. Según el comunicado oficial, 19 estudiantes que inicialmente constaban como reprobados en el sistema académico SIU aparecieron posteriormente con las materias aprobadas, lo que encendió las alertas internas y motivó la apertura de una investigación administrativa y técnica.
De acuerdo con el reporte preliminar, las modificaciones habrían ocurrido entre el 21 y 22 de octubre de 2025, utilizando el usuario “prquishpe” desde una dirección IP específica, mientras ese perfil mantenía un rol activo como Director de la Carrera de Medicina. La universidad detalló que el sistema distingue entre “usuario” y “credencial”, subrayando que estas son personales e intransferibles según la normativa institucional. Medios nacionales han señalado que este tipo de casos reaviva el debate sobre la seguridad informática en universidades públicas y la necesidad de reforzar controles en plataformas académicas, especialmente en carreras de alta exigencia como Medicina, donde el rendimiento académico tiene implicaciones éticas y profesionales.
Ante la situación, el Consejo Directivo resolvió solicitar la reapertura del sistema para que los docentes ingresen las notas legítimas, además de anular las matrículas correspondientes a las materias aprobadas con calificaciones no reconocidas. También se dispuso una auditoría informática integral de los periodos académicos 2024-2025 y 2025-2026, con el fin de identificar fechas, direcciones IP y posibles beneficiarios adicionales. Paralelamente, se anunció la intención de presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, al considerar que podría configurarse un presunto delito informático. La institución aseguró que, una vez concluido el informe definitivo de la Dirección de Tecnologías, se adoptarán las acciones legales y administrativas correspondientes para esclarecer responsabilidades y salvaguardar la transparencia académica.
