La presencia de la influencer conocida como la “Chonera Bonita” durante el Carnaval de Paute volvió a encender el debate sobre el uso de recursos públicos en eventos festivos. Leidy Álvarez, identificada en redes como una de las figuras invitadas a la celebración en el cantón Paute, provincia del Azuay, fue vista desplazándose por el evento bajo la custodia de más de una decena de uniformados y un comisario. El amplio dispositivo de seguridad llamó la atención de asistentes y usuarios en plataformas digitales, donde circularon fotografías y videos del operativo. Aunque no se observaba una multitud siguiéndola, el contingente policial se mantuvo durante todo su recorrido, lo que generó interrogantes sobre los criterios utilizados para asignar ese nivel de protección.
El hecho tomó mayor relevancia porque ocurrió en el marco del tradicional Carnaval de Paute, una festividad que cada año convoca a cientos de visitantes y que forma parte de la agenda cultural de la provincia. De acuerdo con lineamientos generales difundidos por la Policía Nacional del Ecuador en operativos de feriados y celebraciones masivas, los despliegues de seguridad suelen responder a planes preventivos destinados a garantizar el orden público y la integridad de los asistentes. Sin embargo, en este caso, ciudadanos cuestionaron si el resguardo correspondía a un esquema institucional previsto para todo el evento o si fue una disposición específica para la creadora de contenido. La comparación con el esquema que suele acompañar a autoridades de alto rango, como ministros de Estado, intensificó las críticas en redes sociales.
El episodio ocurre en un contexto en el que distintos sectores de la ciudadanía han pedido reforzar la presencia policial en barrios considerados conflictivos, especialmente en varias zonas del país donde la inseguridad es una preocupación constante. En ese escenario, la asignación de más de diez agentes para custodiar a una figura pública del entretenimiento reavivó la discusión sobre prioridades y transparencia en la gestión de recursos humanos y logísticos. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si el operativo formó parte de un plan integral de seguridad para el carnaval o si respondió a una solicitud particular. Mientras tanto, el debate continúa abierto en Azuay, donde habitantes exigen explicaciones claras sobre los criterios que determinan estos despliegues en medio de la actual coyuntura de seguridad.
