El este de la República Democrática del Congo vuelve a quedar marcado por una tragedia de gran magnitud. El Gobierno congoleño alertó que un gigantesco deslizamiento de tierra ocurrido en la mina de Rubaya, en la provincia de Kivu del Norte, habría provocado la muerte de al menos 200 personas. El derrumbe afectó a una zona minera controlada por el grupo armado M23, organización que desde su reaparición en 2021 ha consolidado su dominio sobre amplias áreas ricas en recursos naturales. La mina, clave para la extracción de coltán, mineral esencial para la industria tecnológica, fue tomada por el M23 en abril de 2024, en medio de acusaciones de apoyo externo y de una creciente militarización de la actividad minera.
De acuerdo con información oficial y humanitaria, el colapso de parte de la ladera ocurrió primero el miércoles por la tarde y fue seguido por un segundo derrumbe la mañana del jueves, lo que agravó el número de víctimas. En Rubaya, miles de mineros artesanales trabajan diariamente en condiciones extremadamente frágiles, utilizando herramientas básicas y sin medidas de seguridad adecuadas, en un terreno montañoso afectado por lluvias constantes. Las labores de rescate se han visto seriamente limitadas por la falta de comunicación, ya que las líneas telefónicas permanecen caídas y el acceso a la zona es complicado. Los heridos han sido trasladados a centros de salud locales que carecen de equipamiento y personal suficiente, mientras la información sobre lo ocurrido llega de forma fragmentada a través de mensajeros.
Más allá de la tragedia humana, el derrumbe vuelve a poner en evidencia el trasfondo político y económico del conflicto en la región. Expertos de Naciones Unidas han señalado que el M23 administra de facto la mina de Rubaya y obtiene ingresos millonarios mediante impuestos ilegales sobre la producción de coltán, recursos que, según denuncias, terminarían saliendo del país hacia Ruanda. El Gobierno congoleño afirmó que la explotación minera en la zona estaba oficialmente prohibida desde febrero de 2025, pero denunció que la extracción continuó de manera sistemática bajo control armado. Ante este escenario, Kinshasa hizo un llamado a la comunidad internacional para que dimensione la gravedad de lo ocurrido, subrayando que la tragedia es consecuencia directa de la ocupación armada, el saqueo de recursos y décadas de violencia que siguen cobrando vidas en el este del país.
