Una ciudadana ecuatoriana fue retenida en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, luego de que las autoridades migratorias descubrieran que intentaba viajar utilizando una visa estadounidense falsificada. El hecho ocurrió el martes 27 de octubre de 2026, durante los controles de salida internacional realizados por personal de la Subsecretaría de Migración del Ministerio del Interior. La mujer tenía previsto abordar un vuelo con destino a Colombia, con escala en Panamá, pero las irregularidades encontradas en su documentación impidieron que continuara su viaje. Durante las primeras verificaciones, los agentes detectaron inconsistencias tanto en el visado como en la información proporcionada por la pasajera sobre su itinerario.
Ante las sospechas, el documento fue sometido a una revisión especializada para comprobar su autenticidad. Un experto en documentología examinó la visa colocada en el pasaporte y confirmó que era falsa. Posteriormente, durante una entrevista con agentes de la Unidad de Trata y Tráfico de Migrantes de la Policía Nacional, la ciudadana reconoció que había pagado USD 5.000 a una persona conocida para conseguir el documento. También explicó que su intención era llegar a Estados Unidos utilizando la conexión aérea en Panamá, pese a que inicialmente había declarado otro destino. Estas contradicciones llevaron a las autoridades a investigar cómo obtuvo el visado y quién habría participado en su elaboración o entrega.
El caso fue puesto en conocimiento de la Policía Nacional ante la posibilidad de que exista una actividad relacionada con el tráfico ilícito de migrantes. Los agentes recibieron la documentación y las evidencias recopiladas durante el procedimiento para continuar con las investigaciones y determinar posibles responsabilidades. Hasta el momento, no se ha informado sobre la identidad de la persona que recibió los USD 5.000 ni sobre otras detenciones relacionadas con este hecho. La intervención permitió impedir el viaje de la pasajera y abrió una investigación sobre la procedencia del documento falsificado, mientras las autoridades buscan establecer si existen más personas involucradas en su obtención y comercialización.
