El secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, amplió su pronunciamiento sobre el caso Laberinto, una investigación de la Fiscalía por presunto lavado de activos relacionado con el financiamiento de la campaña presidencial de 2023. El expediente busca esclarecer el origen, la circulación y el destino de aproximadamente USD 500.000 que habrían sido utilizados en publicidad y otros gastos electorales del binomio integrado por Luisa González y Andrés Arauz. Dentro de este proceso, González fue detenida con fines de formulación de cargos, mientras las autoridades investigan la participación que habrían tenido distintas personas naturales, dirigentes políticos y empresas en el movimiento de esos recursos.
Entre los elementos mencionados constan conversaciones del 26 de junio de 2023 en las que un colaborador de la investigación habría consultado a un contacto registrado como “Aquiles Álvarez 1” sobre un presupuesto global de USD 500.000. La respuesta supuestamente planteaba distribuir el dinero entre brigadistas, camisetas y otros gastos, con pagos en efectivo. La Fiscalía también analiza la hipótesis de un posible ingreso de recursos desde Venezuela, así como operaciones efectuadas por terceros de nacionalidad venezolana y colombiana; sin embargo, estas versiones deberán ser respaldadas con pericias, documentos bancarios y otras pruebas que permitan identificar a los responsables y demostrar el origen ilícito del dinero.
El análisis financiero correspondiente al periodo 2020-2026 habría detectado más de USD 400.000 en ingresos sin justificación identificada, de los cuales cerca del 80 % se habría recibido en apenas dos meses mediante depósitos y transferencias realizadas por personas sin relaciones comerciales, laborales o contractuales verificables. También se examinan diferencias entre valores facturados y movimientos bancarios, operaciones entre familiares, conversión de fondos en efectivo y adquisiciones de inmuebles pagadas al contado con recursos presuntamente no justificados. La investigación deberá reconstruir toda la ruta del dinero y determinar si existió un mecanismo para ocultar su procedencia, pues las afirmaciones divulgadas hasta ahora constituyen hipótesis investigativas y no representan una sentencia contra las personas señaladas.
