El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, firmó este 8 de septiembre de 2026 el decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en el país, una medida que había prometido durante su campaña electoral. Con esta decisión, quienes ya cuenten con permisos individuales vigentes podrán volver a ejercerlos sin necesidad de la autorización especial que exigía la suspensión general. El mandatario defendió la medida bajo el argumento de que los ciudadanos que cumplen con la ley deben tener la posibilidad de protegerse frente a la delincuencia, aunque aclaró que esto no significa una autorización indiscriminada para portar armas.
El decreto entrará en vigencia desde el 9 de septiembre y mantiene los controles establecidos para acceder legalmente a un arma. Esto implica que los solicitantes deben cumplir requisitos físicos, psicológicos y legales, además de no registrar antecedentes que les impidan obtener el permiso correspondiente. La modificación tampoco beneficia a personas cuyos permisos estén vencidos, suspendidos, cancelados o revocados, ni a quienes tengan prohibiciones judiciales o administrativas. De la Espriella sostuvo que la mayoría de delitos cometidos con armas de fuego involucran armamento ilegal y afirmó que el objetivo de la reforma es devolver efectividad a los permisos que ya habían sido otorgados legalmente.
La decisión marca un cambio importante en la política de control de armas de Colombia, donde la suspensión general se mantenía desde 2015 y había continuado durante distintos gobiernos. El anuncio ya abrió un debate entre sectores que consideran que el porte legal puede fortalecer la capacidad de defensa de los ciudadanos y quienes advierten que una mayor circulación de armas podría incrementar los riesgos de violencia. Por ahora, las autoridades militares deberán aplicar el nuevo decreto y garantizar que solo las personas que cumplan con los requisitos establecidos puedan portar armas legalmente en el territorio colombiano.
