El ministro del Interior, John Reimberg, informó que el Gobierno mantiene reforzado el Distrito Metropolitano de Quito con alrededor de 4.000 efectivos adicionales, distribuidos entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Según explicó, el despliegue forma parte de las disposiciones del presidente Daniel Noboa para intensificar los controles en distintos sectores de la capital. Reimberg aseguró que estas intervenciones han dejado cerca de 900 personas detenidas, además de decomisos de armas, recuperación de vehículos y otras acciones operativas. El funcionario señaló que este refuerzo no tiene una fecha definida de finalización y que continuará mientras sea necesario para recuperar la tranquilidad en la ciudad.
Reimberg también se refirió a los operativos realizados en sectores con alta actividad nocturna y problemas de seguridad. Recordó una intervención en la que participaron cerca de 900 funcionarios de distintas instituciones, entre policías, militares, personal de Migración y otras entidades de control. Durante esas acciones, según el ministro, fueron localizadas personas con órdenes de captura, ciudadanos en situación migratoria irregular, armas y establecimientos que incumplían distintas disposiciones. En posteriores controles también se dispuso el cierre temporal de varios locales y se realizaron nuevas detenciones, luego de reclamos ciudadanos relacionados con ruido, consumo de alcohol y hechos delictivos en determinadas zonas de Quito.
El ministro destacó además las operaciones contra el narcotráfico desarrolladas en distintos puntos del país. Entre los resultados recientes mencionó importantes decomisos de droga en puertos y acciones marítimas en las que fueron intervenidas embarcaciones rápidas, además de la incautación de fusiles, miles de municiones y equipos utilizados presuntamente para actividades vinculadas al tráfico de sustancias. Reimberg también confirmó que continúan avanzando procesos de extradición, entre ellos el relacionado con Daniel Salcedo, y aseguró que existe una lista de personas que podrían ser enviadas a otros países para enfrentar procesos judiciales. El funcionario reiteró que la estrategia del Gobierno se mantendrá enfocada en combatir tanto a las estructuras criminales como a sus fuentes de financiamiento.
