La presidenta de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, cuestionó el proceso que terminó dejando fuera de la contienda electoral a Anabel Hermosa, quien buscaba participar nuevamente por la Alcaldía de Otavalo. Durante una entrevista en el medio digital En Primera Plana, Rivadeneira sostuvo que el inconveniente surgió alrededor del cumplimiento de la paridad de género dentro de las candidaturas presentadas en Imbabura. Según su versión, la Junta Provincial Electoral debía resolver la renuncia de una candidata de otro cantón para permitir un ajuste en la lista y viabilizar la postulación de Hermosa, pero aseguró que el organismo no sesionó antes del cierre del plazo de inscripciones.
Rivadeneira fue más allá y afirmó que, de acuerdo con información que dijo haber recibido desde el interior del Consejo Nacional Electoral, detrás de lo ocurrido habría existido una supuesta disposición o presión relacionada con Acción Democrática Nacional (ADN) para impedir que Hermosa continuara en la carrera electoral. La dirigente no presentó públicamente pruebas que permitan comprobar esa acusación, por lo que su señalamiento permanece como una versión política que requiere ser contrastada con un pronunciamiento de las autoridades electorales y del movimiento mencionado. La decisión sobre Hermosa, además, ya llegó al Tribunal Contencioso Electoral, que rechazó el recurso presentado por la alianza Juntos por la Transformación y ratificó la resolución de la Junta Provincial Electoral de Imbabura.
De acuerdo con los antecedentes conocidos del proceso, la controversia estuvo relacionada con la imposibilidad de completar dentro de los plazos legales el reemplazo de una candidatura, situación que terminó afectando la inscripción de Hermosa. El TCE concluyó que el movimiento político que buscaba auspiciarla no tramitó oportunamente la renuncia de la persona que inicialmente constaba como candidata, por lo que mantuvo la decisión adoptada en Imbabura. Frente a este escenario, las declaraciones de Rivadeneira abren ahora un nuevo frente político: mientras la justicia electoral sustenta su decisión en el cumplimiento de procedimientos y plazos, la dirigente correísta plantea que detrás del desenlace pudo existir una interferencia política, una acusación que hasta el momento no ha sido demostrada públicamente.
