Una operación coordinada entre autoridades de Ecuador, Guatemala, Colombia y Estados Unidos permitió detener a tres ciudadanos ecuatorianos que mantenían difusión roja de Interpol y eran requeridos por la justicia estadounidense por presuntos delitos relacionados con el tráfico de drogas. Uno de los capturados es Wilson Eduardo Mendoza Barberán, de 61 años, quien fue localizado en el Aeropuerto Internacional La Aurora, en Ciudad de Guatemala, cuando se disponía a viajar hacia Ecuador. De acuerdo con la Policía guatemalteca, Mendoza tenía una orden de detención con fines de extradición y es requerido por una corte del Distrito Este de Nueva York por una presunta conspiración para distribuir cocaína con conocimiento de que la droga sería introducida ilegalmente en Estados Unidos.
El ministro del Interior, John Reimberg, informó que Mendoza Barberán sería integrante de Los Choneros y recordó que anteriormente ocupó cargos dentro de la administración pública ecuatoriana. Entre 2007 y 2015 estuvo vinculado a la entonces Secretaría Nacional del Agua, donde llegó a desempeñarse como subsecretario regional y posteriormente como asesor. Su captura se suma a las de Rubén Horacio Bermúdez Loor, localizado en Guayaquil, y Elixandro Ico Cuervo, detenido en Colombia. Según la información difundida por el Gobierno, los tres son requeridos por Estados Unidos dentro de investigaciones vinculadas al narcotráfico y cuentan con alertas internacionales para su localización.
Las detenciones reflejan el uso creciente de mecanismos de cooperación internacional para localizar a personas buscadas fuera de sus países de origen y activar procesos de extradición. En el caso de Mendoza Barberán, las autoridades guatemaltecas deberán continuar con el procedimiento judicial correspondiente antes de una eventual entrega a Estados Unidos. En Ecuador, el Gobierno destacó que la legislación vigente permite detener a ciudadanos ecuatorianos con fines de extradición cuando existen requerimientos internacionales y decisiones judiciales aplicables. Las investigaciones ahora deberán determinar el grado de participación de cada detenido en las redes de tráfico de drogas señaladas por las autoridades estadounidenses y definir los siguientes pasos judiciales en cada jurisdicción.
