Una nueva controversia política se encendió en Ecuador tras la difusión de audios atribuidos a reuniones entre el expresidente Rafael Correa y varias figuras vinculadas al movimiento correísta, relacionados con el denominado caso Porsche. Las grabaciones fueron divulgadas por el secretario general de la Administración Pública, José Neira, quien aseguró que los archivos evidenciarían una presunta estructura de coordinación política y comunicacional alrededor del tema. Según el Gobierno, en los diálogos se escucha al exmandatario asignando funciones específicas a distintos participantes para dar seguimiento a información vinculada con el caso y posicionarla públicamente.
En los fragmentos difundidos se mencionan nombres de exfuncionarios, asesores políticos y exlegisladores, entre ellos el exasambleísta Ronny Aleaga, actualmente prófugo de la justicia en el marco del caso Metástasis. Además, los audios revelarían conversaciones sobre mecanismos para recopilar información, seguimiento de personas y posibles estrategias mediáticas y legislativas destinadas a mantener el caso activo dentro de la agenda política nacional. Uno de los puntos más comentados ha sido la referencia a sistemas de videovigilancia y supuestos pedidos de información relacionados con movimientos de personas e incluso registros de llamadas.
Desde el Ejecutivo, autoridades sostienen que las grabaciones reflejarían un intento organizado de influir en la opinión pública y afectar políticamente al Gobierno de Daniel Noboa. Por su parte, Rafael Correa ha reconocido previamente reuniones con Rodney Rengel —exagente policial vinculado a las grabaciones— aunque rechaza haber cometido irregularidades. La difusión de los audios ha provocado nuevas reacciones dentro del escenario político ecuatoriano, mientras continúan cuestionamientos y pedidos de esclarecimiento sobre el origen, contenido y alcance de las conversaciones divulgadas.
